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Introducción:
Dentro de los principios moduladores del sistema
tributario encontramos los principios de generalidad, capacidad económica,
igualdad, progresividad y no confiscatoriedad. Todos están recogidos en el
artículo 31.1 de la Constitución Española. Nuestro texto supremo dice: “Todos
contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance
confiscatorio”. También encontramos una plasmación de estos principios en el
artículo 3 (Principios de la ordenación y aplicación del sistema tributario) de
la Ley General Tributaria que nos dice, en su apartado primero: “La ordenación
del sistema tributario se basa en la capacidad económica de las personas
obligadas a satisfacer los tributos y en los principios de justicia,
generalidad, igualdad, progresividad, equitativa distribución de la carga
tributaria y no confiscatoriedad.”
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Generalidad:
a) Significado
y alcance:
En el primer término (generalidad) supone que todos
contribuirán, españoles, extranjeros, personas físicas o jurídicas… El deber de
contribuir tiene un alcance subjetivo que implica la no exclusión de ninguna
persona. Además, se
impone el criterio de generalidad en la distribución de las cargas públicas,
mediante el cual se prohíbe la existencia de privilegios fiscales, es decir, la
exoneración caprichosa e injustificada. Ello no prohíbe la existencia de exenciones
y bonificaciones sino, únicamente, las arbitrarias y discriminatorias por
carecer de justificación razonable.
b) Pronunciamiento:
Para el principio de generalidad se ha escogido número
10 de 2005 de 29 de diciembre ejemplifica claramente el principio de
generalidad.
c) Ficha
resumen:
La Sentencia del Tribunal Constitucional número 10
de 2005 de 29 de diciembre ejemplifica
claramente el principio de generalidad.
La entidad Caixa D'Estalvil del Penedès interpuso un
recurso contra la Gestión Tributaria de la Diputación de Barcelona, a raíz de
301 liquidaciones tributarias giradas por este organismo a la entidad Caixa. Se
le reclamaba el impuesto sobre actividades económicas, que (a juicio de la
recurrente) no era de aplicación debido a que: “las cajas de ahorro se
encontraban exentas del impuesto sobre actividades económicas previsto en la
Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las haciendas locales, del mismo
modo que lo estaban de la licencia fiscal; y lo estaban, porque,
históricamente, las cajas de ahorro, debido a su especial naturaleza, siempre
han disfrutado, para todas las actividades que realizan, del beneficio de la
exención en la licencia fiscal del impuesto industrial”.
El Tribunal reconoció en la sentencia (Fundamento
Jurídico primero) la existencia del Decreto 3313/1966, de 29 de diciembre, por
el que se aprobaba el texto refundido de la Ley del impuesto sobre actividades
y beneficios comerciales e industriales, en tanto en cuanto exime a las cajas
de ahorro de la licencia fiscal al impuesto industrial. Abunda reconociendo que
las “las Cajas Generales de Ahorro Popular, en la licencia fiscal del impuesto
industrial; exención que ha sido interpretada por el Tribunal Supremo como
aplicable a la totalidad de la actividad desarrollada por éstas, a saber, no
sólo a su actividad benéfico-social, sino también a la económico-financiera o
mercantil-financiera” (Fundamento Jurídico número 2).
En el fundamento número 5 entiende que “no toda
desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del artículo 14 CE, sino
que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una
diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de
una justificación objetiva y razonable”. El abogado pretendía que se le
reconociera la igualdad en virtud al artículo 14 de la Constitución que abarca
la igualdad personal, no la de las entidades jurídicas a efectos de la
tributación.
Elimina el tribunal las aspiraciones de los
demandantes al entender: “la justificación histórica del trato dispar a las
cajas de ahorro (actividad principal benéfico-social sin ánimo de lucro) decae
desde el momento en que su naturaleza adquiere un carácter eminentemente
mercantil” Aunque, de
acuerdo con el Derecho comunitario “(la norma en cuestión) es
contrario a la Constitución sólo en la medida en que es aplicable a la parte
mercantil de las cajas de ahorro y, por tanto, no se limita «a los Montes de
Piedad y Obras Benéfico-Sociales de las Cajas expresamente autorizadas». Siendo
inconstitucional la disposición cuestionada en los términos citados”.
Con lo cual procede a estimar la cuestión de
inconstitucionalidad.
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Capacidad
económica:
a) Significado
y alcance:
La capacidad económica (“de acuerdo con su capacidad
económica” nos dice la Constitución) acarrea el ejercicio del reparto de la
carga tributaria en función de la riqueza de cada contribuyente. Esto es, mayor
cotización para los más ricos y menor para los menos pudientes. Ahora bien ¿Qué
se entiende por capacidad económica? Si atendemos a las explicaciones desarrolladas en la
agencia tributaria la capacidad económica es el
sencillo hecho (“hecho” en término coloquial, no entendido como hecho
imponible) de la posesión de patrimonio, la obtención de rentas, la adquisición
de una herencia o una donación, y/o la compra de mercancías. También es
considerada “capacidad contributiva”, ya que en función de ella, los
contribuyentes llevan a cabo sus aportaciones tributarias a la Hacienda
Pública. Siguiendo esta definición vemos que la capacidad económica tiene una
triple vertiente: 1) la riqueza que posee; 2) los ingresos que obtiene; 3) el
consumo que lleva a cabo.
b) Pronunciamiento:
Para el principio de capacidad económica se ha
elegido la sentencia número 46 de 2000, de 17 de febrero. Un pleno sobre el
impuesto de la Renta de las personas físicas en relación a la ley número 44 de
1978. El magistrado a cargo de la sentencia es el señor Don Pedro Cruz
Villalón, presidente del tribunal.
c) Ficha
resumen:
A fin de ilustrar el principio de capacidad
económica podemos observar la Sentencia del Tribunal Constitucional 46 del año
2000, de 17 de febrero.
La señora María Julia Lorente Hernández interpuso
una reclamación al cobrársele (a su entender) unos impuestos excesivos por un
patrimonio irregular. En 1989 se le liquidó el Impuesto sobre la Renta de las
Personas Físicas, donde “se sometió a tributación el incremento de patrimonio
obtenido por la entonces actora al tipo de gravamen del 8 por 100”. Consideró
el recaudador que doña María Julia Lorente tenía un tipo medio extraído de
aplicar la escala del ejercicio a sus rendimientos regulares.
La sentencia explica
claramente que: “si el contribuyente no hubiese tenido gastos,
el tipo medio resultante de aplicar la escala a la base imponible del ejercicio
sería del 2,5% y, en consecuencia, dadas iguales rentas, el contribuyente con
más gastos está sometido (en el caso expuesto) a mayor tributación.” Todo se
entiende dentro de la misma escala regular.
El Tribunal consideró que “no es posible desconocer
que es a través del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas donde se
realiza la personalización del reparto de la carga fiscal en el sistema tributario
según los criterios de capacidad económica, igualdad y progresividad…”.
El Tribunal consideraba aceptable la intención del
legislador, exponiendo: “Con el gravamen cuestionado el legislador perseguía la
finalidad (legítima) de someter a gravamen unas rentas (las irregulares) que,
originariamente y en determinados casos (ante la inexistencia de rendimientos
regulares), quedaban exentas de tributación.” Ahora bien, se inclinaba a reconocer las aspiraciones de
doña María Lorente entendiendo: “lo que no es constitucionalmente válido es
hacer soportar una mayor tributación a los perceptores de rentas irregulares
cuya parte regular de su base imponible es menor, por no alcanzar el
rendimiento mínimo sometido a tributación, que a los perceptores también de rentas
irregulares cuyos rendimientos regulares exceden de ese mínimo legal, cual
ocurre en el supuesto analizado”.
Hay que abundar
explicando el término de renta regular e irregular. Según el profesor José
Manuel Díaz-Arias: “Se consideran rentas regulares aquellas formadas por
incrementos y disminuciones patrimoniales derivados de la transmisión de
elementos adquiridos con menos de un año de antelación; o bien, por los
rendimientos que se obtienen de manera regular en el tiempo o que, su ciclo de
producción sea inferior a un año”. También entendía que “se consideran rentas
irregulares aquellas formadas por incrementos y disminuciones patrimoniales
derivados de la transmisión de elementos adquiridos con más de un año de
antelación, o bien, por los rendimientos que se obtengan de forma notoriamente
irregular en el tiempo o que, siendo regular, su ciclo de producción sea
superior a un año.”
El Constitucional
concluyó estimando la cuestión de inconstitucionalidad.
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Igualdad:
a) Significado y alcance:
Como ya se ha indicado en el artículo 31.1 de la Constitución española
se especifica el principio de igualdad para la recaudación de tributos que
permitan el sostenimiento de los gastos del Estado. De esta manera nos
encontramos con que hay que realizar una especificación más clara de lo que se
considera el alcance y limitación de este principio constitucional.
Para comenzar a tratar el principio de igualdad hay que poner la vista
en el artículo 1 de la Constitución en el que se enmarca este principio como valor superior del
ordenamiento jurídico español. De igual manera nos lo volvemos a encontrar como
igualdad formal en el artículo 14 de la Constitución que trata el principio
como Derecho de todos los españoles ante la Ley. Por lo tanto al ser todos
iguales, de igual forma se ha de aplicar de manera especial este principio al
Derecho financiero.
De igual manera el artículo 31.2 de la Constitución, trata el principio
de Equidad, que aunque no se trata de una igualdad en sí, muestra de igual modo
una pequeña vertiente de la igualdad anteriormente citada y que permite que
cada español, dentro de su igualdad, tribute según sus bienes y poder
adquisitivo. Aunque esto ya empieza a sobrellevarse en el principio de progresividad
que trataremos a continuación.
b) Pronunciamiento:
Un pronunciamiento interesante en materia de igualdad ha sido la Sentencia del Tribunal Constitucional
37/1987, de 26 de marzo, en la cual se ha tratado el establecimiento de
tributos propios por las comunidades autónomas y si afectarían a la igualdad de
los españoles que quedarían gravados con un tipo de impuesto u otro dependiendo
de la Comunidad Autónoma en la que estuvieran afincados.
c) Ficha resumen:
Este pronunciamiento se produce gracias a la intervención de un recursos
de inconstitucionalidad presentado por cincuenta y cuatro senadores contra
determinados artículos de la Ley del Parlamento de Andalucía 8/1984, de 3 de
julio, de reforma agraria.
El caso de la propuesta de inconstitucionalidad se produce porque, entre
otros principios, la nueva ley agraria permitía la capacidad de la Junta de
Andalucía de expropiar forzosamente terrenos agrícolas que estuvieran en mala
gestión o sin trabajar. Esto provoca que los senadores presentantes valoren
como inconstitucional la acción de la Junta de Andalucía como una falta a la
Igualdad de hecho entre los propietarios de fincas andaluzas y las del resto de
las comunidades autónomas españolas.
Lo que viene a debatirse en esta sentencia es si ante un conflicto de
principios entre sí, que prevalece el principio de igualdad de todos los
españoles o el de autonomías de las administraciones autonómicas. Es decir, en
el trasfondo de la sentencia se ha de tener presente si lo que se quiere es
tener igualdad en todo el territorio o si por el contrario nos encontramos ante
una autonomías de las Comunidades que se ha de tener en cuenta, no solo para
sus actuaciones, sino que en lo que nos interesa para sus propios tributos.
En este sentido, el fundamento jurídico número de 10 de esta Sentencia
indica que: “El principio constitucional
de igualdad no impone que todas las Comunidades Autónomas ostenten las mismas
competencias, ni, menos aún, que tengan que ejercerlas de una manera o con un
contenido y unos resultados idénticos o semejantes. La autonomía significa
precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decidir cuándo y
cómo ejercer sus propias competencias, en el marco de la Constitución y del
Estatuto. Y si, como es lógico, de dicho ejercicio derivan desigualdades en la
posición jurídica de los ciudadanos residentes en cada una de las distintas
Comunidades Autónomas, no por ello resultan necesariamente infringidos los
artículos 1, 9.2, 14, 139.1 y
149.1.1.ª de la Constitución, ya que estos preceptos no exigen un tratamiento
jurídico uniforme de los derechos y deberes de los ciudadanos en todo tipo de
materias y en todo el territorio del Estado, lo que sería frontalmente
incompatible con la autonomía, sino, a lo sumo, y por lo que al ejercicio de
los derechos y al cumplimiento de los deberes constitucionales se refiere, una
igualdad de las posiciones jurídicas fundamentales, igualdad que la Ley de
Reforma Agraria impugnada respeta cuidadosamente, según ha quedado razonado.”
Por lo tanto observamos que la autonomía de las Comunidades Autónomas
permite que el principio de Igualdad sea restringido a las propias comunidades
y no al conjunto de los Españoles, que serán iguales en sus propias comunidades,
aunque exista cierta desigualdad entre Comunidades, debido al libre ejercicio
por estas de sus autonomías, también en materias de tributos.
Al final el Tribunal constitucional declaró que el recurso de
inconstitucional no era posible y no declaró la inconstitucionalidad de la Ley,
dando por tanto la razón al Parlamento de Andalucía que podía obrar dentro del
respeto a la constitución en su propia autonomía.
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Progresividad:
a) Significado y alcance:
El principio de progresividad enunciado en el artículo 31.1 de la
Constitución española nos indica que la recaudación de impuestos se ha de
producir con un reparto de la carga impositiva a la hora de repartir los
tributos, de manera que cada individuo pague los impuestos según su poder
adquisitivo. Existen por lo tanto tres maneras de poner en práctica este
principio constitucional en la Ley: Neutro si estamos ante un sistema que no
pone de manifiesto las diferencias entre los poderes adquisitivos de su
población; progresivo, si reduce la carga impositiva entre los de mayor y menor
poder adquisitivo; y regresivo, si aumenta la diferencia entre la contribución
de los de mayor y menor poder adquisitivo.
b) Pronunciamiento:
En materia del principio de progresividad una sentencia interesante a
este respecto es la Sentencia del Tribunal Constitucional 27/1981, de 20 de
julio, en la cual se interpone un recurso de inconstitucionalidad contra la ley
de presupuestos generales del Estado por la creación de tributos y porque se
considera que ésta Ley no puede crear tributos sino que los desarrolla,
teniendo además una afirmación de que cierts artículos de la citada Ley
vulneran los principios constitucionales consagrados en el artículo 31.1 de la
Constitución, en el que se encuentran recogidos entre otros principios
explicados en este trabajo, el de progresividad.
c) Ficha resumen:
La Sentencia 27/1981 del Tribunal Constitucional se debe a la
presentación de un recurso de inconstitucionalidad firmado por cincuenta y
cuatro diputados contra los artículos 36, 37, 38 y 43 de la Ley 74/1980, de 29
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado, ya que ellos entienden que
vulneran el principio constitucional de igualdad y progresividad.
Lo que al final pasa a denunciarse en este supuesto es la falta a la
igualdad y la progresividad que la Ley de presupuestos generales del estado
producen en los impuestos que ha instituido, y que como ya se ha comentado,
consideran los diputados que vulneran no solo la seguridad jurídica de que
deberían de ser creados por otras leyes y que la de Presupuestos Generales tan
solo deberían modificarlos y no crearlos nuevos, sino que además estos nuevos
incumplen los principios de igualdad y progresividad en el pago de los mismos.
En este sentido el Tribunal constitucional considera en su fundamento
jurídico número 4 que: “La igualdad que
aquí se reclama va íntimamente enlazada al concepto de capacidad económica y al
principio de progresividad— por lo que no puede ser, a estos efectos,
simplemente reconducida a los términos del artículo 14 de la Constitución: una
cierta desigualdad cualitativa es indispensable para entender cumplido este
principio. Precisamente, la que se realiza mediante la progresividad global del
sistema tributario en que alienta la aspiración a la redistribución de la
renta.”
Por lo tanto el Tribunal nos presenta un fundamento jurídico por el cual
en muchos casos es sacrificable en cierta medida el principio de igualdad a la
hora de recaudar los tributos si se ha de aplicar la progresividad, ya que en
muchos casos esta progresividad entronca directamente con el principio de
igualdad.
Al final el Tribunal Constitucional en esta sentencia declaró una
inconstitucionalidad parcial de la Ley 74/1980, de 29 de diciembre, de
presupuestos generales del Estado para 1981. Queda por tanto declarado de
inconstitucionalidad el artículo 38 de ésta ley y por tanto la nulidad del
mismo. Aunque este artículo en sí no atañe a la progresividad tal y como el
Constitucional lo había valorado.
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No Confiscatoriedad.
a) Significado y alcance:
Uno de los principios
que sobre los que se basa la justicia tributaria es el principio de no confiscatoriedad,
el cual viene recogido en el art. 31.1 de la Constitución Española de 1978,
“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su
capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los
principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance
confiscatorio”.
Todos estos principio
son de alcance especial por su carácter constitucional y por ello estos
principios están por encima de cualquier principio no recogido en la CE,
siguiendo la jerarquía normativa establecida. A pesar de que las normas
Constitucionales no han de analizarse literalmente por artículos sino en su
conjunto, esto es y más atendiendo a un sistema tributario justo que los
diferentes tributos han de ser limitados entre ellos para cumplir con los
principios constitucionales así como asociar lo justo a lo racional “un sistema
tributario, en efecto, sólo es racional si es justo, y sólo puede ser justo si
se adecua a las normas fundamentales y primarias del ordenamiento positivo,
contenidas en el texto constitucional, y a los principios generales del
Derecho”, Sainz de Bujanda (1987, p. 6 y ss.)
Para hablar del
principio de no Confiscatoriedad debemos primero saber que es Confiscatoriedad,
para ello la Rae define confiscar como
“Penar con privación de bienes, que son asumidos por el fisco”.
Así podemos afirmar
que los tributos no pueden privar de la renta o patrimonio irracionalmente, es
decir, de manera tal que prive a los sujetos de otros principios
constitucionales. Así pues, como veremos en la Sentencia la doctrina del TC no
establece límites cuantitativos con respecto a cuándo un tributo puede o no ser
confiscatorio, sino que establece sistema tributario completo, y que así no se
desdibuje el principio de igualdad y de redistribución que ejerce el Estado.
b) Pronunciamiento:
S.T.C. 150/1990, de 4 de
octubre:
La sentencia del TC es
debido a un recurso de inconstitucionalidad de 54 diputados, representados por
el comisionado José María Ruiz Gallardón, contra la ley de la Asamblea de Madrid 15/1984, de 19 de
diciembre, del Fondo de solidaridad Municipal de Madrid.
c) Ficha resumen:
El recurso se
pronuncia en contra de los recargos que establece la Ley, puesto que la ley que
debe regular dichos recargos no está promulgada todavía. Así también se
argumenta que la ley 15/1984 no tiene la finalidad que viene prevista en la
LOFCA para los recargos autonómicos, en concreto cita los principios de la
justicia tributaria, art 31.1 CE. Puesto que los recargos que tienen permitidos
establecer las CCAA, son para financiar aquellas prestaciones que el Estado no
garantiza y por el contrario el recargo que se establece en la Ley recurrida es
para crear un fondo para inversiones en municipios y comarcas, y con ello se
pretende corregir las diferencias espaciales y personales de renta. Así como
también vulnera el principio de autonomía local Arts. 140 y 142 CE.
Así también el
defensor del Pueblo establece un recurso de inconstitucionalidad por vulnerar
los principios de seguridad jurídica y no Confiscatoriedad. El defensor del Pueblo abduce que la
ley impugnada puede vulnerar el art.31.1 en el principio de no
Confiscatoriedad, entendiendo que solo se pueden absorber por vía impositiva
una parte de la propiedad y de la renta, fijando un límite y transgrediendo
este sería inconstitucional. El Legislador en el art.17 de la Ley 44/1983, de
presupuestos generales del Estado establece los límites entre lo justo y lo
confiscatorio en el 46% de la base imponible para la cuota íntegra del IRPF.
Fundamentos jurídicos:
En el fundamento
jurídico número 9 de la STC150/1990, el Tribunal valora el antecedente del
Defensor del Pueblo, para ello hace referencia a la interpretación que se hace
del principio en sí mismo y de la Ley a la que el Defensor recurre 44/1983. En
sus varios análisis doctrinales de la Confiscatoriedad el Tribunal considera
que también hay que tener en cuenta que la no Confiscatoriedad debe ser un
límite a la progresividad, aun así el Tribunal aclara que “capacidad
económica”, en cuanto a contribución de los recursos públicos, a de buscarse la
riqueza donde la hay STC 27/1981. Así se
habla que la prohibición de Confiscatoriedad se basa en no agotar la riqueza
del sujeto pasivo, puesto lo que se prohíbe no es la confiscación sino que la
imposición tenga “carácter confiscatorio”. Pero dejando aparte las valoraciones
doctrinales de los limites confiscatorios, el TC dice que el recargo sobre el
IRPF que es objeto de recurso, no puede ser tenido en cuenta puesto si este
recargo superase el limite no podría aplicarse el recargo.
Así el
Tc declara en sus fundamentos que el recargo autonómico no vulnera ni el
principio de justicia tributaria, y por ende tampoco el principio de no
Confiscatoriedad.
Fallo:
El fallo
desestima el recurso de inconstitucionalidad.
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Conclusiones:
En primer lugar, la
valoración principal que nuestro grupo hace de los principios constitucionales
que han de regir nuestro sistema Tributario, es que los principios, como bien
demuestran las sentencias que hemos analizados, y el hecho en sí mismo de que
vengan detallados en el mismo art (31.1 de la CE) deben ser complementos unos
de otros, aunque en algunos casos se confronten.
No hemos encontrado
con que la doctrina del TC es muy respetuosa con el legislador puesto que lo
considera reflejo de la legitimidad popular, y bajo nuestro prisma el TC
acierta, dado que los principios son lo suficientemente elásticos como para
adecuarlos a cualquier tributo.
Si entramos a valorar
lo que creemos nosotros a cómo debería estar configurado el sistema tributario
para que fuese lo más justo posible, consideramos que el principio de progresividad
y no Confiscatoriedad debería tener límites como otros países de nuestro
entorno, ejemplo de ello es Alemania que su Tribunal Constitucional declaro que
solo se podía detraer el 50% (STC alemán de 25 de Junio de 1995 relativa al
Impuesto de Patrimonio). Y así que no fuese arbitrariamente establecido por el
legislador y reafirmado por el TC.
Puesto que estos dos principios son privativos y pueden causar daños en el
sujeto pasivo sin más justificación que la “contribución a los recursos estatales”.
Bibliografía:
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Academia Brasileira de Direito Constitucional. Curitiba, 2010, n. 3, Ago-Dic. p.
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ü
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de diciembre, general tributaria.
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de Huelva. Recurso Web: (http://www.uhu.es/43120/materiales_actividades/tema%202/igualdad.pdf)
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Recurso web: (http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/UltimasSentencias.aspx)
ü STC 27/1981, de 20
de julio
ü STC 37/1987, de 26 de marzo. Recurso Web: (http://ingridsumarroca.files.wordpress.com/2010/09/sentencia-del-tribunal-constitucional-de-26-de-marzo-de-1987.pdf)
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STC 46/2000 de 17 de febrero.
Recurso web: (http://www.tribunalconstitucional.es/es/jurisprudencia/Paginas/UltimasSentencias.aspx)
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